Organizaciones presionaron a España para que deje de proveer materiales al Perú al ser estos utilizados para violar derechos humanos durante protestas sociales..
En los últimos meses, las protestas sociales en Perú han sido noticia por la represión policial que se ha ejercido en contra de los manifestantes. En medio de este contexto, el gobierno de España decidió suspender la exportación de material antidisturbios para la represión policial. Esto en respuesta a reclamos de varias organizaciones de derechos humanos.
La empresa española Maxam, fabricantes de proyectiles que lanzaron los policías a manifestantes es el centro de la atención de las organizaciones pro derechos humanos. De hecho, Amnistía Internacional solicitó al gobierno español la suspensión de la venta de este material al Perú. Esto se dio luego de que se reportaran más de medio centenar de muertes a causa de la represión policial.
Ante las presiones de diversas bancadas parlamentarias, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, confirmó durante una intervención en el Congreso de España que el país no podrá volverle a comprar a España, por lo menos por ahora, más material antidisturbios para usar en las movilizaciones sociales organizadas en Perú.
España, principal suministrador de armas a Perú
Cabe destacar que España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Entre 2017 y junio de 2022, las autorizaciones de licencias de armas a Perú alcanzaron los 184 millones de euros. De ese total cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios. En este sentido, Amnistía Internacional señala que el gobierno de Pedro Sánchez estaba "legalmente obligado" a suspender el envío de armamento en este contexto represivo.
Las protestas en el Perú
Las protestas sociales en Perú iniciaron tras la vacancia de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte en la Presidencia de la República. El exmandatario terminó saliendo de Palacio de Gobierno luego de su fallido intento de golpe de Estado, y fue Boluarte, en ese entonces vicepresidenta, quien juró al cargo por sucesión presidencial.
Entre los pedidos de la población movilizada figuran la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso de la República, el llamado a nuevas elecciones generales, la liberación de Castillo y una nueva Constitución Política.
En definitiva, la decisión del gobierno español de suspender la exportación de material antidisturbios al Perú es una respuesta importante ante la preocupación por la violación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. A pesar de que el comercio de armas entre ambos países sigue siendo significativo, esta medida puede ayudar a reducir la violencia y a fomentar el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.
Amnistía Internacional Internacional: "La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina"
Foto: Amnistía Internacional Internacional.
Amnistía Internacional. Desde diciembre de 2022, ha habido una serie de protestas masivas en las que la población indígena y campesina ha participado. Sin embargo, en lugar de escuchar y responder a las demandas de la población, el Estado ha recurrido a la represión violenta. Tanto el Ejército como la Policía Nacional han utilizado armas letales y otras armas en contra de la población. Estos ataques son generalizados y reflejan el desprecio del Estado hacia estas comunidades.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo la muerte de 12 personas a causa del uso de armas de fuego. Además, se han reportado 46 posibles violaciones de derechos humanos y fallas en la investigación y justicia en relación a estos incidentes.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas ha denunciado que las autoridades peruanas han respondido al clamor social de miles de comunidades con el uso excesivo y letal de la fuerza durante más de dos meses. Esto demuestra la falta de voluntad del gobierno para garantizar los derechos humanos de estas comunidades.
Las protestas comenzaron en las regiones más marginadas del país, como Apurímac, Ayacucho y Puno, donde la población indígena ha sido históricamente discriminada y ha luchado por acceder a derechos básicos. A medida que las protestas se han extendido a la capital y otras partes del país, la situación política se ha vuelto cada vez más incierta.
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