El estado seguirá financiado a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para frenar protestas que causen desorden en la provincia..
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte prorrogó el Estado de Emergencia por el término de 30 días calendario. Regirá a partir del próximo 14 de marzo, exactamente en la provincia de Ica, región Ica. Esto amplía la emergencia dictada el 13 de diciembre para frenar los bloqueos de la Panamericana Sur.
Según el Decreto Supremo 031-2023-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, en el estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP) seguirá manteniendo el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Para esta prórroga se ha tomado un informe "reservado" de Policía Nacional del Perú (PNP). Se trata del Informe N°63-2023-COMASGEN-CO PNP/OFIPOI del Comando de Asesoramiento General. En este recomiendan seguir con mantener el orden público y cautelar el orden interno. Además para prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar de la población iqueña.
La ampliación del Estado de Emergencia se da en medio de un contexto en la que no se registran protestas ni actos radicales de manifestaciones. Ica se encuentra en medio del 58 Festival Internacional de la Vendimia sin problemas respecto a manifestaciones radicales y además se viene percibiendo inusuales lluvias.
El gobierno financia el Estado de Emergencia contra manifestaciones en Ica
El dispositivo agrega que la implementación de las acciones previstas se financian con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir con presupuesto del estado a través de la PNP y las Fuerzas Armadas.
Con este Decreto se aplica artículo 137 de la Constitución, con el que se restringe o suspende del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en incisos del artículo 2 de la Constitución.
El decreto supremo la firma la Presidenta Dina Boluarte; el titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; y los ministros de Defensa, Jorge Chávez; del Interior, Vicente Romero; y de Justicia, José Tello.
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