Primer ministro sin conocer la situación de los detenidos, dejó entender que los quería presos contra todo pronóstico..
El Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó su malestar por la decisión del fiscal Víctor Hugo Arias Torrejón de liberar a tres individuos detenidos en el contexto de las recientes protestas en Barrio Chino, Ica. Estos sucesos han generado una ola de reacciones y preocupación en el espectro político y social del país.
Los detenidos, identificados como Victoriano Lahuanampa Paquiyauri (30), Gilmer Aparco Huacho (34), y un menor de 16 años, fueron capturados por su presunta participación en el intento de bloqueo de la Panamericana Sur durante las protestas. Esta acción resultó en 18 policías heridos.
El Frente Policial Ica informó que la liberación se produjo a pesar de la supuesta existencia de múltiples elementos de prueba presentados por la Policía Nacional, incluyendo declaraciones, reconocimientos fotográficos y videos.
Otárola molesto, los quería presos
Alberto Otárola se expresó firmemente en contra de la decisión del fiscal Arias Torrejón, subrayando la importancia del mantenimiento del orden público y la función constitucional de los fiscales en apoyar este objetivo. "El Gobierno hace extensiva su preocupación y solicita especialmente a las nuevas autoridades del Ministerio Público que den instrucciones precisas a sus fiscales para que apoyen a la Policía en el mantenimiento del orden, que es su función constitucional", declaró Otárola a la prensa.
El Gobierno, a través de Otárola, hizo hincapié en la necesidad de mantener detenidos a aquellos identificados como los principales autores y perpetradores del delito de bloqueo de carreteras, especialmente en un contexto donde la documentación y las pruebas parecen suficientes para justificar su detención. Esta liberación prematura, según Otárola, se realizó con "tanta celeridad y fuera de los plazos procesales", lo cual ha aumentado la preocupación del ejecutivo.
La administración actual ha pedido al Ministerio Público que actúe con diligencia y responsabilidad, asegurando que sus fiscales respalden a la policía en su deber de mantener el orden público. Otárola reafirmó la posición del Gobierno en cuanto a la necesidad de que las autoridades judiciales trabajen en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad y el estado de derecho en el país.
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