Criminales ya controlan siete cárceles en todo el país y tienen a 178 rehenes. Hasta el momento ya suman 16 personas fallecidas en este contexto..
Ecuador enfrenta un momento crítico en su historia. El presidente Daniel Noboa ha declarado todo el país en un estado de conflicto armado interno, en respuesta directa a la creciente ola de violencia y criminalidad, especialmente relacionada con el narcotráfico. Esta medida sin precedentes busca neutralizar a las bandas del crimen organizado, ahora etiquetadas como terroristas.
El martes pasado, un episodio alarmante sacudió al país cuando un grupo criminal irrumpió en el canal TC Televisión de Guayaquil durante una transmisión en vivo. Este acto de violencia se produjo simultáneamente con la publicación del Decreto 111 por parte del presidente Noboa. Una medida destinada a combatir la criminalidad ligada al narcotráfico que ha asolado a Ecuador en los últimos años.
La fuga de Adolfo Macías
El Decreto 111 identifica a 22 organizaciones criminales como "terroristas y actores no estatales beligerantes", incluyendo nombres como Águilas, Caballeros Oscuros, y Choneros. La situación se agravó con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros. El criminal huyó de una prisión en Guayaquil, lo que condujo a motines en varias cárceles del país. El Servicio de Atención Integral reportó que 178 personas son rehenes en siete prisiones del país.
En respuesta, Noboa declaró un estado de excepción en todo el país, implementando un toque de queda nocturno. Hasta el momento se registra al menos 16 muertos y 178 empleados de prisiones retenidos. Este hecho se registra en un contexto de inseguridad extrema. En 2023, Ecuador registró más de 7.800 homicidios y la incautación de 220 toneladas de drogas.
El decreto emitido por Noboa ordena la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo Ecuador. Este anuncio se alinea con los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que define un conflicto armado no internacional como aquel que ocurre entre fuerzas gubernamentales y grupos armados, o entre grupos irregulares.
Hasta el momento hay 178 retenidos como rehenes en siete prisiones de Ecuador.
El conflicto armado interno en Ecuador
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) define un conflicto armado no internacional (o interno) como una situación de violencia en un Estado, con enfrentamientos armados entre fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que exista un conflicto armado interno, los grupos deben tener un nivel mínimo de organización y los enfrentamientos un nivel mínimo de intensidad. Bajo el DIH, se imponen limitaciones a la conducción de las hostilidades y se busca proteger a las personas afectadas.
El constitucionalista Rafael Oyarte, en declaraciones a EFE, destacó las diferencias entre un estado de excepción y un conflicto armado interno, subrayando que en este último caso, las operaciones son de carácter militar, con la policía actuando como fuerza auxiliar. En contraste, Ismael Quintana, otro constitucionalista, señaló que reconocer a estas bandas como grupos beligerantes les otorga un estatus jurídico que justifica la intervención militar.
La última vez que Ecuador experimentó una situación similar fue en 1995, durante la guerra del Cenepa contra Perú. Sin embargo, la actual declaración de conflicto armado interno difiere significativamente de un estado de excepción, ya que implica operaciones militares en lugar de policiales.
Conflicto en Ecuador salpica al norte del Perú
La situación de violencia y desorden en Ecuador está repercutiendo en el norte del Perú, especialmente en la región de Tumbes. Las bandas criminales estarían utilizando armamento militar de origen peruano. El gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, ha confirmado que su región se ha convertido en un punto de tránsito para el contrabando de armas y material de guerra, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la frontera entre ambos países.
El gobernador Cruces instó a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, a poner mayor énfasis en la vigilancia y seguridad de la zona limítrofe. Cruces señaló que, además del tráfico de drogas, se realizan intercambios de municiones y armamento en la frontera, un hecho que las autoridades peruanas deben abordar con urgencia. La falta de control efectivo en esta región facilita el flujo ilegal de armas, lo que podría estar contribuyendo a la escalada de la violencia y la actividad criminal en Ecuador y en la propia región de Tumbes.
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